Escrito por: Ronnie Huete S.
Periodista y Activista de DDHH
Cooperante Internacional
Foto: La noticia.hn
En medio de un escandaloso nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justica, CSJ los hondureños se disputan las siglas de una comisión internacional, cuyo contexto ya está definido por los intereses de Washington D.C. sin importar como se llame.
En medio de un escandaloso nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justica, CSJ los hondureños se disputan las siglas de una comisión internacional, cuyo contexto ya está definido por los intereses de Washington D.C. sin importar como se llame.
Washington D.C. 20 de
enero de 2016. El triangulo
norte logró otro punto de triangulación en Centroamérica. (Guatemala, El
Salvador y Honduras).
Esta
vez el país fue Honduras, en cuya nación se aprobó la instalación de una misión
para combatir la corrupción y la impunidad en ese país.
El
secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis
Almagro, y el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, firmaron ayer en
la sede de la OEA en Washington D.C. este convenio.
Desde
el mes de mayo de 2015 en Honduras, se conformó un fuerte polo de oposición al
que llamaron el movimiento de los indignados, cuya costumbre fue el salir a las
calles con antorcha en mano, exigiendo la instalación de una Comisión
Internacional contra la Impunidad y contra la Corrupción.
Sin
embargo, la diferencia entre estas comisiones, quien las ha terminado
definiendo es el Departamento de Estado de los Estados Unidos en D.C.
Es
decir, que sus nombres, llámese Maccih, Cicih, u otra sigla, no altera el orden
de los resultados que Washington D.C. desea para con el triangulo norte.
Nuevamente
la injerencia de Washington D.C. en los asuntos del Triangulo Norte, quedo
evidenciada con la firma de este convenio, que vendrá, supuestamente a combatir
la corrupción e impunidad en Honduras, cuyo país vive con mayor empuje los
efectos colaterales del pasado golpe de Estado de 2009.
No
obstante, en Honduras, se mantiene una división de los sectores que se muestran
a favor y en contra de esta comisión internacional, olvidando la verdadera
injerencia imperial que está representa.
Los
asuntos del país centroamericano, nuevamente son ordenados al pie del guion de
la Agencia Central de Inteligencia, CIA, entre otros organismos injerencistas
que mantienen su poderío global en algunos países de Latinoamérica.
En
medio de un escandaloso nombramiento de una nueva Corte Suprema de Justica, CSJ
los hondureños se disputan las siglas de una comisión internacional, cuyo
contexto ya está definido por los intereses de Washington D.C. sin importar
como se llame.
La
conformación de los magistrados de la CSJ en Honduras, la termina definiendo la
imposición internacional de Washington D.C. más que los órganos de poder
estatal que conforman el “Estado” de Honduras, cuyos cimientos legislativos son
un cadáver andante, representado por un nutrido grupo, que conforma la clase
parasitaria de Honduras.
Diputados,
magistrados, ect, en fin no importa su cargo, puesto que su conciencia es
dominada según su costo monetario.
El
18 de diciembre de 2015, según un informe de prensa publicado por la Oficina de
Washington para América Latina (Washington
Office on Latin America WOLA), se aprobó una ley de asignaciones
presupuestarias para el fiscal 2016.
La información que WOLA hace pública dictamina
lo siguiente: Entre los temas en discusión se encontraba la solicitud de mil
millones de dólares de la administración de Obama para ayudar a los países del
Triángulo Norte.
La serie de condiciones establecidas en la ley
resalta la importancia que ha cobrado para la agenda del congreso
estadounidense la necesidad de ver resultados reales en la región en la lucha
contra la corrupción e impunidad, la protección de derechos humanos, y el
fortalecimiento de las instituciones públicas. Indudablemente, la aún pendiente
elección del Fiscal General
en El Salvador, los nombramientos
a puestos clave por el gobierno de Jimmy Morales en Guatemala, el nivel
de apoyo que el gobierno entrante éste brinde a los esfuerzos de laComisión
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) y la
Fiscalía General de Guatemala, la
elección de magistrados de la Corte Suprema hondureña y la viabilidad de
construir un mecanismo internacional anticorrupción con dientes en Honduras serán algunos de los primeros
indicadores para evaluar el compromiso y la voluntad política de los gobiernos
centroamericanos a fortalecer el Estado de derecho en sus respectivos países.
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